La norma habilita a convocar a docentes y no docentes.
Los maestros deben abrir las escuelas y dictar clases.
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| El plenario de secretarios generales se reunió en la sede de ATEN a última hora de la tarde. |
NEUQUÉN (AN).- El gobierno de Jorge Sapag creó ayer un instrumento legal para garantizar el servicio educativo y, en caso de no lograr el objetivo, sancionar a los docentes con sumarios y hasta con despidos, lo que fue rechazado anoche como "intimidatorio" e "inconstitucional" por el gremio.
La herramienta es un decreto que declara la educación "servicio público esencial". La medida se difundió anoche tras conocerse el rechazo de ATEN a la nueva oferta salarial (ver aparte).
La medida dispone planteles mínimos para el dictado de clases. En tal sentido, las escuelas especiales deben contar con el 100% del personal y las normales con el 50%. Si los directores no informan sobre la ausencia de los docentes quedarán expuestos a sumarios que pueden culminar en cesantía, informó una fuente del gobierno a "Río Negro".
El decreto define como "falta grave" el incumplimiento de este paso. Contempla la posibilidad de llamar a docentes y no docente para garantizar el funcionamiento de las escuelas y otorga amplias facultades a la secretaria de Educación para instrumentar lo dispuesto en la norma.
La decisión la tomó Sapag antes de conocer la resolución del plenario de secretarios generales de ATEN que finalmente rechazó la última oferta salarial. La norma cita fundamentos de pactos y tratados internacionales, artículos de las Constituciones nacional y provincial y de la ley 2302 que protege derechos del niño y el adolescente, entre otras normas.
La medida fue repudiada en duros términos por el plenario docente desde donde se indicó que tiene como propósito "intimidar y amedrentar a los trabajadores de la educación" y tras señalar que "en caso de ser instrumentada provocaría una situación aún más caótica en el sistema educativo", los docentes enfatizaron que es "inconstitucional por estar reñida con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que establece el derecho de huelga".
Una fuente oficial informó que Sapag no devolverá los días caídos por paro y que, en caso de hacerlo por llegar a un acuerdo, será previa consulta a los padres. El conflicto cumplió once semanas y 34 días de inactividad en las aulas y continuará otra semana. Ayer Sapag habló del conflicto docente en el discurso que pronunció en Villa La Angostura donde participó de los actos por el aniversario. "No son tiempos para bajar los brazos ni para cerrar la escuela pública. Son tiempos para tenerla abierta, para privilegiar el derecho a la educación de los niños, los jóvenes y los adultos por encima del derecho a huelga", dijo el gobernador.
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