El jefe comunal explicó que el radar fue autorizado por contrato en mayo de 2011, pero comenzó a funcionar recién en septiembre de ese año. La comuna recibe sólo el 30% de las multas pagadas, que en algunos casos alcanzan los 3.000 pesos y que corresponden a todos los rodados que pasen por la travesía urbana de la localidad a más de 60 kilómetros por hora. "Este mes recibimos por el radar 3.000 pesos, pero en otros meses ingresaron hasta 80.000 pesos que destinamos a becas", indicó el jefe comunal y agregó que "la empresa se queda con el 70% a pesar de que el municipio es el que está obligado a poner una patrulla en la ruta y personal, bajo apercibimiento de ser acusados de incumplimiento de contrato". Casamajou reconoció que "el radar está flojito de papeles", dado que advirtió que "no tiene autorización de Vialidad Nacional y no estaría homologado por el INTI".
Esos argumentos, y algunos puntos confusos del contrato serían utilizados por la comuna para tratar de poner fin al radar infractor, dado que el mismo intendente reconoció que "nos genera una gran preocupación porque todos los días estamos recibiendo al menos dos cartas documento de gente que fue multada por este radar y que no accionan contra la empresa sino contra el municipio".
Casamajou agregó que "lo peor es que en la mayoría de los casos las multas llegan recién seis meses después de que uno pasó por Picún Leufú, por lo que no sabemos qué pasará con las multas que están en distribución".
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