NEUQUÉN (AN).- El equipo que presta servicios de medición de velocidad de los vehículos en la ruta nacional 237 para la municipalidad de Picún Leufú no está homologado e incumple la ley nacional que prohibe los radares en las rutas, según reveló el diputado Darío Lucca (MID) quien presentó un proyecto de resolución para solicitar información a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y a la comuna neuquina.
Indicó que por las fotomultas los automovilistas reciben en su domicilio de cualquier lugar del país las facturas que oscilan entre $1.300 y $1.700 que, si no se pagan, la empresa del radar tiene un estudio de abogados que inicia un proceso de cobro judicial con lo que se dispara a $3.500 con los honorarios. De lo recaudado el municipio recibe sólo el 30% para repartirlo entre entidades intermedias.
"Estoy esperando el informe del intendente que ha dicho que no encuentra el contrato porque lo firmó la anterior gestión", explicó y adelantó que le pedirá el jefe comunal que retire el radar de la ruta y que presentará un proyecto de ley que prohiba el uso de estos mecanismos de recaudación en la provincia de Neuquén. "Los radares están autorizados para prevención o como forma de persuasión pero no con interés recaudatorio", señaló.
Sostuvo que la forma de cobro de Picún "es ilegal" porque no se cumple la norma nacional que establece el procedimiento: los vehículos deben ser detenidos, un agente de la comuna debe labrar el acta de infracción y dar la posibilidad de descargo. "Acá llega la multa al domicilio del infractor y que dios te ayude", graficó. Lucca fue nominado para ser el miembro informante del proyecto para pedir información. "Cuando salió a la luz este tema, es impresionante la cantidad de gente que me ha venido a ver", dijo.
Sostuvo que para que los automovilistas disminuyan la velocidad hay alternativas como la colocación de atenuadores o semáforos pero "el radar es netamente recaudatorio", indicó que en la ruta que atraviesa el casco urbano de Picún no se han producido accidentes por excesiva velocidad porque los automovilistas disminuyen la marcha al ingresar a la zona urbana.
Comentó que si se trataba de lograr un ingreso al municipio, el contrato se hubiera firmado al revés, es decir el 70% de lo recaudado para la comuna y el resto para la empresa que tiene el equipo de las fotomultas. Los pedidos de informes incluyen al municipio, vialidad nacional y provincial.
Lucca presentó un proyecto de resolución para solicitar información a la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la comuna neuquina.
La ley 25650 prohibe el uso del sistema de fotomulta para el control vehicular en rutas nacionales. El legislador pone en duda la utilización del cinemómetro marca Stalker, modelo Stalkerlidar número de serie LS080454 que no estaría homologado por la ANSV que se utiliza en la ruta nacional 237 en Picún Leufú.
(Fuente diario Río Negro)
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